23 de febrero de 2026

En el marco de las jornadas institucionales que preparan el inicio del ciclo 2026, la Profa. Viviana Farías Melgar y la Dra. Magdalena García Trovero presentaron, el miércoles 11 de febrero, el Protocolo de actuación para la prevención, detección y abordaje del acoso sexual en centros de enseñanza privada. A través de tres instancias de sensibilización, el funcionariado de Crandon se interiorizó en un documento que, más allá de su rigor técnico, representa un compromiso ético con la dignidad humana.

La claridad expositiva y el carácter didáctico de las presentadoras permitieron traducir la normativa jurídica en una instancia de formación humana y profesional. A través de una narrativa amena, se analizaron indicadores y ejemplos —descenso del rendimiento académico, motivos difusos de inasistencia o la presencia de conductas no esperables― que transformaron la sesión en un espacio de diálogo constructivo que fortalece la cultura de prevención institucional.

Este protocolo, acordado en el marco de la ronda de Consejos de Salarios de 2020 por representantes del sindicato de funcionarios de la educación privada (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, SINTEP)  y las cámaras empresariales, rige para toda la comunidad educativa privada del Uruguay. Su fundamento reside en un marco jurídico que incluye las leyes nacionales 18.561 y 19.849, el decreto 256/017 y el Convenio 190 de la OIT. Como señaló la Dra. García Trovero, este abordaje constituye un recorte del amplio mundo de la violencia hacia las infancias.

Protección de derechos y deber de denuncia

El protocolo define el acoso sexual como todo comportamiento de naturaleza sexual no deseado que cree un ambiente de estudio o trabajo intimidatorio, hostil o humillante. La normativa es especialmente taxativa en la protección de niñas, niños y adolescentes: se configura el acoso ante cualquier comportamiento de esta naturaleza, siendo irrelevante el consentimiento de estos o los perjuicios que el acto pueda ocasionarles. En este sentido, un único incidente grave basta para constituir una situación de acoso. También se extiende al acoso sexual entre trabajadores, en el marco de los derechos laborales y las pautas del Ministerio de Trabajo establecidas. 

Bajo este paradigma de corresponsabilidad, cualquier persona vinculada con la institución educativa —ya sea en el ámbito laboral o socio-educativo— que tenga conocimiento o sospecha de un hecho de violencia o vulneración de derechos, está obligada a denunciarlo. 

Procedimientos objetivos y garantías para la convivencia

Para asegurar la transparencia y el debido proceso, el Instituto Crandon cuenta con una Comisión de Prevención de Acoso Sexual. Este órgano técnico, conformado por personas idóneas especializadas en áreas como psicología, asistencia social o género, actúa con total autonomía objetiva para recepcionar denuncias e investigar los hechos.

Una vez recibida la denuncia, cada institución dispone de un plazo máximo de 48 horas para implementar medidas que eviten el contacto entre las partes. La persona denunciada cuenta con un plazo de 5 días para realizar su defensa y aportar pruebas. Tras la elaboración del informe final por parte de la Comisión, el empleador debe tomar las medidas pertinentes en un plazo máximo de 7 días corridos.

Al integrar este protocolo en su práctica cotidiana, el Instituto Crandon cumple con la normativa legal y construye una comunidad segura y saludable, garantía indispensable para que la excelencia académica y la formación humana sigan siendo el sello de su identidad.

Créditos: Centro de Recursos para el Aprendizaje (imágenes); Mag. Gabriela Cabrera Castromán (textos)